EL DERECHO A UNA VIVIENDA

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Esto es lo que nos dice el artículo 47 de la Constitución Española. Pero esta disposición, aunque queda muy bonita y parece justa y razonable, no se cumple ni a la de tres.

La triste realidad española es que los jóvenes lo tenemos crudo para independizarnos. De hecho el difícil acceso a este derecho, según las últimas estadísticas, es uno de los problemas que más nos preocupa.
Y aunque fuimos nosotros mismos los que decidimos reconocer esta disposición en el año 78, resulta que nos lo impusimos como derecho constitucional pero no como derecho subjetivo. Es decir, esta incluido en la Carta Magna pero no es un derecho que se pueda reclamar ante los tribunales. De esta forma gran parte de la ciudadanía se encuentra abocada a tener que convivir con los padres, sin poder independizarse, hasta edades más que avanzadas.

El problema radica en el precio de las viviendas que está por las nubes La juventud ha de dedicar una media del 64% de sus recursos económicos, durante unas cuantas décadas, para la compra del inmueble, así que cualquiera se lo piensa dos veces, sino tres o cuatro, antes de hipotecarse hasta las cejas.

Por lo que se refiere a los alquileres resulta que la mayoría de propietarios prefiere tener sus viviendas vacías a darlas en alquiler. Es algo que, a priori, puede parecer injusto pero cuando se está renunciando a una renta voluntariamente, que podría ser muy fructífera, con todos los gastos que conlleva mantener una propiedad, es por algo.
La razón son los grandes problemas que, a día de hoy, genera alquilar un piso. La gran inseguridad jurídica que hay y el número de impagos que se dan, echan por tierra la voluntad de hacerlo.

En cualquier caso, es importante y prioritario que en los años venideros se potencie el mercado de alquiler, dando más garantías tanto al inquilino como al propietario, pero tampoco se puede creer que poniendo todos los pisos vacíos para arrendar se vaya a solucionar por completo esta lacra social.
El problema es mucho más complejo y no tiene soluciones de varita mágica pero lo que si puede ayudar mucho es el empleo de una política eficaz de construcción de viviendas públicas.

Los municipios han de destinar más suelo para estas construcciones y se ha de potenciar al máximo las promociones de vivienda protegida satisfaciendo de esta forma gran parte de las demandas de los jóvenes que ansían poder formar un hogar.

No se puede permitir que este año en España se hayan construido 800.000 inmuebles, 90.000 de ellos de protección oficial, y se de esta situación tan penosa de inaccesibilidad.
Toda la Unión Europea nos mira con lupa y no es de extrañar ya que este último año hemos construido más vivienda que Francia, Reino Unido y Alemania juntas.
Por tanto no es un problema de construcción, no hay falta de viviendas y si es un problema de acceso. Por lo que rotundamente y en el menor tiempo posible se ha de intentar dar solución a esta urgencia social.
La labor legítima del Estado es garantizar el acceso a la vivienda y ha de haber consenso político para abordar este problema. Las políticas de vivienda pública han de ser acertadas y concertadas entre todos los partidos políticos y no se ha de utilizar como arma arrojadiza.
Hemos de salir del contexto de confrontación política e ir a una política de Estado.

Ha de haber una vivienda digna a precios asequibles para la juventud de nuestro país. La vivienda ha de dejar de ser un instrumento de política económica para ser un instrumento de política social